La Fiscalía General de la Nación pidió este jueves la libertad del expresidente Álvaro Uribe Vélez y cuestionó fuertemente la indagatoria al exmandatario en la Sala de Instrucción Penal en la  Corte Suprema de Justicia, durante una audiencia ante la Juez 30 de Garantías de Bogotá.

La misma petición la hizo el abogado Jaime Granados, defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez,  

Para la Fiscalía se afectó el debido proceso de la defensa, como derecho humano y fundamental.

Dijo que el proceso no puede llegar en el mismo estado a la Fiscalía porque no tendría un punto de referencia claro respecto a la pertenencia probatoria a los términos acusatorios y a las alegaciones finales. 

Además el abogado Granados indicó que como el caso de Uribe quedó en el sistema acusatorio o Ley 906 de 2004, su abogado Granados pidió su libertad inmediata puesto "sin persona imputada - bajo este sistema- es imposible la medida de aseguramiento".

El jurista dijo que bajo la Ley 906 de 2004, es la Fiscalía la que solicita las medidas de aseguramientos y los jueces de garantías quienes las resuelven. "No se puede hacer una homologación entre las dos medidas de aseguramiento", dijo.

"Solicito que ante esta nueva realidad procesal disponga la libertad inmediata del ciudadano Álvaro Uribe, ordene de secretaría la devolución de la caución que le fue impuesta para garantizar la privación de la libertad y, de manera inmediata, se restituya su libertad acatando ese principio del artículo 295 pro libertatis", dijo Granados.

El abogado del expresidete Uribe añadió que la defensa no está pidiendo la nulidad de lo actuado. 

La  jueza 30 de garantías, Claudia Ximena Salcedo, resolverá esa petición y definirá en qué etapa queda el proceso que se adelanta ahora bajo el nuevo sistema penal acusatorio.

 Fiscal restó lo político al caso

El fiscal Gabriel Jaimes dijo que el ordenamento jurídico no ofrece una solución determinada a la problemática planteada y debe interpretarse legalmente, para la cual sirve de auxilio la jurisprudencia.

"Muchos reclaman apresuradamente condenas sin fórmula de juicio y muchos otros también reclaman acciones perentorias, pero como los grandes conflictos sociales y políticos de nuestro tiempo la solución está en la justicia y el derecho, autónomos independientes, imparciales, íntegros y serenos. Así los resultados de esas audiencias no serán un triunfo político para unos y una derrota política para otros sino una decisión judicial que conceda lo que en derecho corresponda, si logramos ello la administración de justicia como un todo habrá salido avante en el reto grande que impone los radicalismos contemporáneos", reflexionó Jaimes.

Dijo que en el tránsito de procesos de cambio de sistemas, "los actos procesales ya realizados son válidos en la medida porque fueron emitidos por autoridad competente  y con el lleno de las formalidades legales; segundo se debe procurar una adecuación al procedimiento en el estanco procesal de origen y, tercero, se debe procurar la vigencia de las actuaciones procesales surtidas evitando en lo posible nulidades que solo se pueden presentar cuando se afectan la estructura procesal o trasgredan garantías fundamentales".

La decisión de la Jueza 30 de Garantías se conocerá el sábado.